Mozal Legearen aurkako

La ley mordaza: una ley para acabar con la protesta.

Diferentes Organizaciones Sociales en Bizkaia nos sumamos a la campaña de movilización que en estas fechas se llevan a cabo en diferentes puntos del estado español en denuncia de las políticas legislativas que restringen libertades de la ciudadanía y, al mismo tiempo, criminalizan la protesta ciudadana y social.

En esta ocasión denunciamos las atroces reformas que se están tramitando: el Código Penal y la Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana (ley mordaza)."

Se busca empeorar la baja calidad de la democracia que padecemos. No solo no nos escuchan, quieren criminalizar la protesta.  Se trata de legitimar la represión recortando los derechos fundamentales de manifestación, reunión, opinión, información y huelga, lo que supone un estado de excepción permanente.

Esta Ley introduce, con la excusa de proteger la seguridad ciudadana, un mecanismo para que el Gobierno utilice de manera arbitraria las multas administrativas, con el fin de castigar aquellas opiniones y actos que al poder político y económico le parezcan inadecuadas, incorrectas, inaceptables o peligrosas, aunque esas opiniones no sean constitutivas de delito.

Es lo que se denomina represión de baja intensidad: se identifica a quienes protestan, en vez de cargar en su contra, y a posteriori se les envía una multa a casa con la intención de que tras varias multas al cabo del año, de varios cientos o miles de euros, se les quiten las ganas de manifestarse.  La policía no deja además de reservarse el derecho a hacer uso de la represión por cualquier otro medio incluyendo los más duros cuando lo considere necesario.

Las sanciones anunciadas por insultar a un policía irán de 1.000 a 30.000 €.  Por realizar un escrache, grabar a policías durante su actuación si se considera que compromete su trabajo o realizar concentraciones frente al Congreso podrán alcanzar 600.000 €.  Incluso podrán multarse supuestos que antes no eran sancionables como participar en concentraciones no comunicadas a Delegación de Gobierno.

Además la utilizan como excusa para reformar el Código Penal, donde se amplía la relación de delitos que apuntan a los repertorios de lucha utilizados por los movimientos sociales en los últimos años:  la paralización de desahucios, la ocupación de sucursales bancarias, las sentadas, la difusión de convocatorias por redes sociales, la solidaridad con las personas migrantes , etc.  Estas acciones podrán ser definidas como atentados contra la autoridad.

No debemos interpretar todos estos cambios como un mero endurecimiento más sino como un cambio cualitativo.  Solo como ejemplo, actualmente insultar a un policía se juzga en un juicio de faltas, con garantías procesales ante un juez, donde debe probarse que efectivamente ese insulto ha existido.  Sin embargo, una vez que se aprueben las reformas, las multas este tipo de faltas castigadas por procedimiento administrativo  deberán ser primero pagadas tras recibir la pertinente notificación.  La mera palabra del policía será suficiente como prueba de cargo, será Juez y parte.  Si además se quiere recurrir la sanción a posteriori en un juzgado habrá que pagar las nuevas tarifas de la Ley de Tasas Judiciales aprobada hace un año.  Se obstaculiza de esta forma la apelación a la justicia por lo que estamos en una situación "muy cercana" a la indefensión y la arbitrariedad.

Se trata de un cambio de régimen, de un intento de golpe de estado hacia un totalitarismo de nuevo cuño, una suerte de neofranquismo.

El 23 de Febrero te esperamos en la Plaza Moyúa de Bilbao a las 12:00 h.

NO TE CALLES,  A LA CALLE

Aralar, Berri Otxoak, Amnistía Internacional, Antikapitalistak, Asamblea Antifaxista Basauri, Bilgune Feminista, CGT-LKN Bizkaia, Economistas sin fronteras, Ecuador Etxea,  Ezker Anitza - IU, EQUO, ESK, Ezker Batua-Berdeak, Kakitzat,  Gazte Komunistak, Greenpeace, Hika Ateneo, Ikasle Ekintza, M15M Bizkaia, Mbolo Moy Doole (Nosomosdelito), PCE-EPK, P.A.H. Kaleratzerik Ez, Republicanos, Sagarrak Ekologista Taldea, SORTU, SOS Racismo Bizkaia. 

Nos arrastran al empobrecimiento y la precariedad

Herriak bere bidea

Las organizaciones sindicales y sociales que suscribimos este documento hemos denunciado reiteradamente que las políticas antisociales que se vienen aplicando están dando lugar a un empobrecimiento generalizado de la mayor parte de la población, favoreciendo, por el contrario, el enriquecimiento de una minoría. Un enriquecimiento que se alimenta de la desigual distribución de la riqueza, de la degradación y destrucción del empleo, de la negación de la atención de la salud a determinados colectivos, de la privatización de servicios públicos cada vez menos universales, de políticas energéticas que dejan a la gente sin luz y calefacción, de personas que ven cerrado el acceso a la vivienda, del recorte y reducción de todo tipo de prestaciones sociales.

Precariedad, pobreza, vulnerabilidad, incertidumbre, recorte de derechos, temporalidad, migraciones forzadas,... Son piezas esenciales de un sistema económico injusto basado en la explotación y de un sistema social donde las desigualdades sociales no dejan de crecer. Explotación y desigualdades que se ceban especialmente en las mujeres.

No podemos aceptar estas situaciones. No podemos tolerar que el bienestar de una parte suponga la exclusión, el empobrecimiento y el abandono de sectores cada vez más amplios de la población.

Los datos son muy claros:

• La tasa de paro en Hego Euskal Herria supera el 17%, 6 puntos por encima de la media de la Unión Europea. En estos años de denominada crisis económica el desempleo casi se ha triplicado. Solo hay un nivel de paro más alto en el Estado español y Grecia.

• Casi la mitad de las personas en paro no percibe ninguna prestación por desempleo. El porcentaje de personas desempleadas que carece de prestación no deja de crecer.

• El Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra han ido recortando las prestaciones sociales, tanto en su cuantía, en la duración de la prestación y dejando a diversos colectivos sin ninguna protección.

• En la CAPV los niveles de pobreza alcanzan las cotas más altas de los últimos 25 años. La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales muestra que el número de personas que viven en hogares en riesgo de pobreza (insuficiencia de ingresos para hacer frente a las necesidades básicas) es de más de 157.000 (el 7,3% de la población). Este colectivo ha crecido un 77,9% desde 2008 a 2012 en la CAPV. Las personas que viven en hogares con problemas graves de alimentación superan ya las 100.000, destacando que 46.000 viven en hogares donde se ha sentido hambre, con un incremento del 116,8% respecto a 2008.

• En Navarra hay 50.000 personas en situación de pobreza severa, el 8% de la población, que viven con menos de 454 euros mensuales.

• Las solicitudes a Cáritas y a los Bancos de Alimentos han aumentado un 40% (más de 35.000 familias dependen de este servicio).

• Los recortes en salud (como el copago) está suponiendo un castigo añadido a las rentas más bajas y se está negando el derecho a la asistencia sanitaria a personas migrantes.

• El derecho a la vivienda está ninguneado (las políticas siguen favoreciendo el negocio sobre los derechos y los desahucios se mantienen).

• Las mujeres sufren con mayor dureza esta dinámica de empobrecimiento: mayores tasas de paro, empleos precarios y en sectores especialmente desprotegidos (trabajadoras de hogar, etc.), prestaciones sociales más bajas. Es reflejo de un sistema social que relega a la mitad de la población a una mayor desigualdad.

Las perspectivas de futuro son desalentadoras. Es más que previsible que las cifras de pobreza se vayan agravando, a lo que contribuye también la enorme precariedad del empleo. Cada vez es mayor la parte de la población que compatibiliza trabajo asalariado y pobreza.

Zorraren inguruko topaketak

“España rompe todos los récords con nueva deuda cada año”

La socióloga Iolanda Fresnillo, de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), cree que las “políticas adoptadas para afrontar la deuda pública española han violado derechos humanos”.

“Las reducciones de presupuesto vinculados a los derechos de la mujer están por encima del 38% en los dos últimos años”.

“Hay deudas generales que son ilegítimas, porque, aun pudiendo ser legales, se han puesto por encima los intereses de la banca, antes que los de la ciudadanía”.

Laura Murillo Rubio - Bilbao - 15/02/2014

Iolanda Fresnillo presenta el nuevo libro "¿Por qué no debemos pagar la deuda?" de la Plataforma de Auditoría Ciudadana.

Solo el pago de los intereses de la deuda pública costará a España 36.590 millones de euros en 2014, lo que supone un 11% del presupuesto anual y se sitúa como segunda partida, únicamente por detrás de las pensiones. La socióloga catalana Iolanda Fresnillo, integrante de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y coautora del libro “¿Por qué no debemos pagar la deuda?” plantea de forma pedagógica esta disyuntiva puesto que desde la agrupación entienden que “muchas de ellas, pese a ser legales, son ilegítimas porque se solicitaron para cubrir necesidades de las élites, pasando por encima de los derechos de la población”.

Pregunta. A finales de 2013, la deuda pública española superó por primera vez la media de la eurozona, ¿cómo valoran desde su plataforma esta situación?

Respuesta. En nuestra opinión, por un lado, se debe a la falta de voluntad por hacer una reforma fiscal profunda y perseguir el fraude, que beneficia a las empresas por encima de los trabajadores. En una situación de crisis la economía está estancada, las pymes y los empleados ganan menos. Los ingresos también son menores y, a pesar de los recortes, el nivel de gasto se mantiene porque los intereses de la deuda suben cada vez más. El problema radica en que si bajan los ingresos y se mantiene el gasto, aumenta el déficit y eso hay que cubrirlo con más deuda. España está rompiendo todos los récords con nueva deuda creada cada año. La cuestión es que estamos generando una bola que no para, sino que crece cada vez más.

P. ¿Es ilegítima la deuda pública española?

R. Nosotros, desde la PACD, entendemos que hay deudas generales que son ilegítimas, porque, aun pudiendo ser legales, se han puesto por encima los intereses de la banca, antes que los de la ciudadanía. Incluso las políticas adoptadas para afrontar la deuda han violado los derechos humanos. El rescate bancario se produce a cambio de una serie de austeridades que implican una violación de los derechos de las personas. Los recortes en educación, sanidad, vivienda y otros se imponen a través de ese rescate bancario. Eso para nosotros es ilegítimo porque consideramos que se prioriza el pago de la deuda por encima del bienestar de la población. Primero debemos ir los ciudadanos y luego los mercados financieros, pero la realidad es al revés.

P. ¿Qué ejemplos presentan como deuda ilegítima?

R. En Euskadi, por ejemplo, tenéis el lío de la famosa “Y vasca”, aunque hay muchos más vinculados al AVE y el sistema ferroviario loco que existe en este país. Está, por supuesto, toda la burbuja inmobiliaria con los gobiernos autonómicos que se endeudan para beneficiar a una serie de “amiguetes” o las construcciones de obras faraónicas en forma de aeropuertos o auditorios. Pero también esas deudas generadas a través de emisiones de bonos que parten de mecanismos puramente especulativos de la prima de riesgo. Esto nos impone un tipo de interés determinado que tenemos que pagar y lo consideramos ilegítimo.