Por Mikel Labeaga y Rubén Belandia, miembros del STEE-EILAS del PAS de la UPV/EHU
1.- Por las personas que están en paro.
Son 137.143 en la CAV. El 41% no recibe ninguna prestación. El 30% son de larga duración. En el inicio de la crisis, hubo algunas medidas destinadas a mantener la actividad económica y el empleo. Ahora la única prioridad es reducir el déficit, con medidas que nos llevan a la recesión económica, que incrementará el paro. La Huelga General exige poner énfasis en la creación de empleo y la protección de las personas paradas.
2.- Contra la Banca
Son los culpables de la crisis y los que más beneficios están obteniendo de ella. Recibieron miles de millones de los fondos públicos, generando un déficit que se ataja mediante recortes de salarios y empleo públicos, congelación de pensiones. Se forraron con el ladrillo y ahora se forran prestando dinero a las instituciones públicas. A base de rumores y maniobras especulativas consiguen subir cada vez más los intereses que les cobran a los mismos estados que les han financiado.
Ahora hablan de ponerle una tasa a la banca, pero no es para pagar lo que les han dado, sino para tener para darles más si vuelven a meterse en situaciones parecidas. Mediante la Huelga General diremos alto y claro que aquí no falta dinero, sino que sobran ladrones.
3.- Contra la Reforma Laboral
De los 4 millones de personas paradas que hay en el estado español, 2 millones han llegado al paro por no haber sido renovados sus contratos temporales. La crisis en el estado español tuvo un efecto fulminante sobre las cifras de paro porque una gran parte de la población tiene contratos temporales cuya no renovación no tiene coste para el empresario.
Estos contratos temporales se instauraron como medida para luchar contra el paro. Más tarde dijeron que como la temporalidad era muy elevada, había que abaratar el despido para que hubiera más contratos fijos. Pero la precariedad no redujo las tasas de desempleo y por más que se abarató el despido la temporalidad no ha descendido.
Otro millón de personas más está en el paro por despidos y EREs. El efecto de esta reforma está muy claro en la retirada del ERE de la empresa Saunier Duval, porque tramitando un nuevo expediente con la nueva reforma laboral el despido será más fácil y barato. Y además, estará subvencionado con fondos públicos.
Con la Huelga General exigimos poner fin a las agresiones a los derechos laborales, exigimos un empleo estable y con derechos.
4.- Por lo que viene
Los mercados financieros y sus dos principales servidores, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea siguen exigiendo nuevas medidas de ajuste. Así se vuelve a desempolvar la amenaza de atrasar la edad de jubilación a los 67 años. Además, la patronal nunca descansa y va a utilizar el trámite parlamentario de la reforma laboral para endurecerla. Partidos que están todo el día escenificando sus diferencias se han puesto de acuerdo en dar vía libre a la reforma laboral y, si no generamos una presión importante de signo contrario, se volverán a poner de acuerdo para empeorarla aún más.
5.- Por la democracia
En el mundo actual, las políticas que aplican los gobiernos no se deciden en función de los resultados electorales o de los debates parlamentarios. Los que realmente gobiernan no se presentan a las elecciones. Los mercados financieros con sus maniobras especulativas y las oscuras agencias que valoran la solvencia de los estados son los que imponen las medidas a adoptar, con la ayuda de las instituciones europeas. Se están aplicando en Europa las políticas de ajuste que el Fondo Monetario Internacional ha impuesto a los países latinoamericanos durante décadas y de las que tanto esfuerzo les ha costado librarse.
Nacionalistas vascos y españoles, que compiten a ver quién pone la bandera más grande, se cuadran cuando llama el gran presidente Obama.
La Huelga General reivindica la democracia y la soberanía de los pueblos, para decidir unas políticas que respondan a los intereses de la mayoría de la población, para tener unos gobiernos que no sean títeres en manos de los ricos y los poderosos.
6.- Para romper con el mensaje dominante
La mayor parte de los medios de comunicación, propiedad de bancos y grandes grupos empresariales o de las instituciones públicas colocadas a su servicio nos presentan la crisis como si fuera una catástrofe natural, ante la que dicen que todos tenemos que resignarnos, arrimar el hombro y apretarnos el cinturón. Pero todas las medidas que se toman caen sobre las espaldas de la misma gente. Las medidas de presión fiscal para quienes más tienen se descartan por inapropiadas, los bancos siguen siendo los más ilustres representantes de la patria (cada uno de la suya). La Huelga General les dice bien claro que no nos tragamos sus mentiras y que exigimos que los culpables empiecen a pagar.
7.- Para buscar la unidad
Las estrategias sindicales de los distintos sindicatos han tenido como punto mayor de divergencia la concepción del diálogo social basado en la paz social, que para unos es la base de su estrategia y para otros es un camelo organizado por los gobiernos para sacarse fotos, sin contenido ni resultados palpables.
El agotamiento del modelo del diálogo social sin movilización, la dureza de las medidas adoptadas y el peligro de las que vienen, han hecho que por primera vez desde hace muchos años todos los sindicatos coincidan en la necesidad de movilizarse, aunque cada uno le dé los matices que le parezcan oportunos. Las experiencias pasadas y recientes de dobles convocatorias han generado una presión social cada vez mayor a favor de un grado mínimo de unidad, exigiendo la coincidencia al menos en las fechas. El llamamiento de huelga de la mayoría sindical de la CAV, y la positiva actitud de CC.OO., LSB-USO, CNT y CGT-LKN han hecho que al menos en esta comunidad haya una convocatoria casi unánime, que permite que el debate en los centros de trabajo pueda centrarse en las medidas del gobierno y no en la división sindical.
8.- Porque esto no se arregla votando
Los que nos gobiernan nos repiten por activa y por pasiva que la única función de la ciudadanía en un sistema democrático es votar cada 4 años y si no nos gusta cómo nos gobiernan cambiar nuestro voto en las siguientes elecciones. Sin embargo, entre los partidos con opciones de gobernar no hay grandes diferencias de fondo ni en el sistema económico, ni en las medidas a aplicar ni, sobre todo, en su sumisión total a los poderes económicos. Unos se someten con más convencimiento y otros más a regañadientes, pero al final hacen lo mismo Merkel y Sarkozy que Zapatero, Rajoy y Urkullu.
Quienes pensamos que la ciudadanía es algo más que consumir y votar, creemos que la sociedad tiene capacidad de modificar el rumbo de las políticas de los gobiernos, pero para ello tiene que convertirse en sujeto activo, movilizarse. Así lo hizo contra la guerra de Irak, y esa presión social evitó que Zapatero repitiese el fiasco de Felipe González al cambiar de posición sobre la OTAN.
9.- Para iniciar la movilización
La Huelga General convocada para el 29 de junio es una oportunidad inmejorable para romper con esa pasividad a la que nos quieren obligar y para generar una presión que intente equilibrar la que desde hace años y de forma ininterrumpida llevan realizando la patronal y los mercados internacionales para acabar con los derechos sociales y laborales.
10.-Para preparar la Huelga General Europea
Cada vez es más evidente que frente a unas fuerzas que presionan en la misma dirección en toda Europa la respuesta popular tiene que organizarse también a nivel europeo. La jornada de movilización convocada por la Confederación Europea de Sindicatos para el 29 de septiembre, que en el estado español y seguramente en otros países de Europa se ha concretado en una Huelga General es una medida totalmente necesaria. Pero para que esa Huelga General de septiembre sea un éxito total, lo mejor es que las movilizaciones que organicemos con anterioridad, como esta Huelga General del 29 de junio, tengan también un seguimiento masivo. De la pasividad sólo sale más pasividad, mientras que de las experiencias activas puede avanzarse hacia movilizaciones más importantes. La situación actual requiere este tipo de movilizaciones.
viernes, 25 de junio de 2010
Los nuevos Recortes sociales no dejan helados
En estos días de altas temperaturas, anticipo de un verano caluroso, miles de personas no pueden evitar que fríos sudores recorran su cuerpo producto de tanto recorte social; por eso varias personas disfrazadas de pingüinos y esquimales, junto a varias neveras y bolsas de hielo, se han concentrado, bajo el lema “Los Recortes Sociales Nos Dejan Helados”, a las puertas del BEC mientras la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Gemma Zabaleta, abría las Jornadas de Reflexión “HACÍA UN NUEVO MODELO DE SERVICIOS SOCIALES”.
En esta movilización han participado, también, cerca de un centenar de personas convocadas por diferentes colectivos sociales y sindicales. Tras una pancarta cuyo texto era "No más recortes en nuestros derechos sociales y laborales" han denunciado las consecuencias de los recortes en gasto social y en derechos laborales aprobados recientemente por el Gobierno Vasco y Español. Estos recortes agravarán las condiciones de vida de las miles de familias afectadas por la actual crisis económica.
Además, SE HA QUERIDO APROVECHAR ESTA CONCENTRACIÓN PARA exigir un reparto equitativo de la riqueza, más empleo, más derechos laborales, más protección social y un sistema fiscal más justo; y APOYAR LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE JUNIO. Queremos que la crisis no se salde con recortes de empleo, chantajes en las condiciones de trabajo y retrocesos en las políticas públicas y recortes en los derechos sociales.
Desde que a finales del año 2008 comenzásemos a sufrir las consecuencias de la crisis financiera, la comarca de la Margen Izquierda ha sido, una vez más, una de la más perjudicadas. Si en los tiempos de la supuesta bonanza arrastrábamos altas tasas de paro, temporalidad y pobreza, año y medio de crisis ha venido a dañar aún más la situación social. Así,
1. 16.200 personas se encuentran desempleadas –lo que representa una tasa de paro del 16%-. El 48% no perciben ninguna prestación
2. 52.000 tienen un trabajo en precario con un sueldo inferior a los 900 euros al mes. Del total de contratos en precario, el 60% corresponden a mujeres.
3. 2.500 personas trabajan en las grandes superficies de la comarca, con salarios muy por debajo de los convenios provinciales de comercio y trabajando más horas que cualquier trabajador del sector: 740 euros de media a jornada completa y 355 euros a media jornada.
4. 39.000 hogares (lo que representa el 42% de la población) de la Margen Izquierda padecen situaciones de pobreza o tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. Las citas con los servicios sociales de base han aumentado este año un 34%.
5. 401 familias han sido desahuciadas de sus viviendas en el año 2009.
Frente a esta situación nos encontramos con que se destinan miles de millones de euros al rescate del sector financiero. A pesar de que ni la clase trabajadora ni las raquíticas políticas sociales existentes hayan tenido nada que ver con la génesis de la actual crisis económica, pretenden que los trabajadores y trabajadoras seamos los grandes paganos de la misma. Por eso pensamos que hay razones para movilizarse contra los intentos de reformar el mercado laboral, las pensiones y el actual sistema de protección social:
• La reforma laboral sólo busca abaratar el despido; extender el margen de actuación de las ETT’s y las agencias privadas de colocación; y aumentar la flexibilidad dando más poder al empresario para modificar las condiciones pactadas en convenio (salario, horario, distribución de la jornada, turnos y funciones).
• Reducción del gasto público destinado a sanidad, educación, prestaciones sociales. Recortes y endurecimiento del acceso a las ayudas sociales.
Asambleas de Parad@s de Barakaldo y Sestao, Asociaciones de Vecinos de Barakaldo, Barakaldo eta Sestaoko Gazte Asanbladak, Elkartzen-Mailuketa, Berri-Otxoak, Centro Asesor de la Mujer “Argitan”, JOC-Ezkerraldea.
ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, CGT, CNT
www.nodo50.org/berri_otxoak
Informazio bulegoa berrietxea@nodo50.org oficina de información
HELDU, No al cierre del Servicio de atención jurídico social a inmigrantes
En el año 2002 por mandato del Parlamento Vasco y de la mano del primer Plan Vasco de Inmigración se instaura en la CAPV una estructura de primera acogida de población inmigrante pionera en el estado español. Para ello se pone en marcha, entre otros recursos públicos, el Servicio HELDU que en coordinación con los Servicios Sociales de cada ayuntamiento establece un procedimiento individualizado con cada inmigrante a fin de poder regularizar su situación, acceder al mercado laboral y, en su caso, evitar la irregularidad. Las funciones de asesoramiento de este servicio abarcaban a todos los agentes implicados en un proceso de obtención de papeles: trabajadoras sociales, empleadores, Subdelegaciones de Gobierno, etc... .
En el año 2003, unos meses más tarde HELDU se hizo hueco en Guipúzcoa y Álava al amparo del principio de ciudadanía inclusiva establecido en el artículo 13 de la Constitución el cual ofrece una declaración de principios sumamente amplia otorgando a favor del extranjero o persona que carece de nacionalidad española con carácter imperativo, el goce en España “ de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establecen los tratados y la ley (art. 13.1).
Una vez puesto en marcha el programa HELDU en las tres provincias, si analizamos la población extranjera en la C.A.V en aquellos momentos era de 49.231 personas (el 2,33% de la población total). Pues bien, seis años después esta población se ha triplicado y supone un 6,1% de la población general. Estos datos reflejan que si en el año 2002 se justificaba la necesidad de organizar este servicio, la necesidad es aún mayor a fecha de hoy.
Pues bien, HELDU durante sus casi 8 años de andadura no ha hecho otra cosa que hacer valer, defender y trabajar por y para los derechos fundamentales de aquellas personas que pusieron todas sus expectativas en un proyecto migratorio en el Estado Español con todo el ánimo de ser uno más de todos aquellos que componemos Euskadi. En definitiva HELDU ha sido la expresión del acercamiento del Estado Social a todas las personas que viven en la CAPV.
El equipo humano de HELDU, durante todos estos años ha procurado velar en la forma más absolutamente diligente en la labor de documentar, insertar y acompañar a todas estas personas que llegaron y han ido llegando a nuestros territorios.
Sin embargo el actual Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ha expresado su decisión de suprimir HELDU después de haber anticipado que era una pieza clave de la política de inmigración del nuevo Gobierno Vasco que, tras esta medida, quedará reducida a su mínima expresión.
Eliminar HELDU supondría dejar en la mas absoluta desatención a unos de los sectores más vulnerables de la sociedad en unos momentos de grave crisis económica en la que sin embargo sectores empresariales y financieros reciben apoyos y ayudas desde instancias gubernamentales que se reclaman de izquierdas. Además suprimir el servicio implicará que la persona extranjera tendrá que realizar los trámites en solitario sin el respaldo de un servicio que orienta sobre esta temática.
Durante todo este tiempo, HELDU se ha erigido como un canal de interlocucion con las Subdelegaciones de Gobierno realizando una labor de derivación en forma ordenada, de la presentación de miles de expedientes en las oficinas de extranjería. Las consecuencias que se pueden llegar a derivar de este proceso si no se da marcha atrás para el propio funcionamiento de las Subdelegaciones de Gobierno son importantes.
Llegaste con el apoyo y consenso de todos los partidos, a pesar de que algunos hoy no te quieren bien y proclaman tu desaparición, te hacen ascos y te califican de Chiringuito, ¿qué decir sobre esa definición? Pues poco debemos decir todos aquellos que suscriben el presente y conocen de buena tinta que durante estos ocho años solamente hemos hecho valer la defensa, la lealtad y la justicia en nuestro trabajo de todos aquellos que se han encontrado en situación de vulnerabilidad y muestra de ello es y ha sido el extenso y amplio reconocimiento que se nos dispensa y se nos ha manifestado durante todo este tiempo por diferentes Agentes de nuestra Sociedad.
HELDU en la actualidad acoge en su seno alrededor de 34.000 expedientes aproximadamente. ¿Qué pasaría si finalmente se produce la desaparición del proyecto Heldu con todos esos intereses, sentimientos y proyectos que están vertidos en el interior de cada una de esas carpetas?
Los profesionales de HELDU hasta hoy han sabido dar una respuesta jurídica y personal ante la totalidad de Instituciones y Organismos porque siempre hemos tenido claro una premisa y es que para construir un espacio donde todos y todas tengamos cabida debe presidir el consenso y el diálogo tal como se ha venido haciendo durante todos estos años.
El señalar que la labor realizada por los/las profesionales de HELDU, puede ser suplida por la labor de asesoramiento de algunas ONGs, no se ajusta a la realidad. Recientes ejemplos hay en nuestra sociedad de las dificultades que el tercer sector tiene en esta tarea ante la aparición de poderosas mafias que vulneran los derechos de los inmigrantes. En todo caso desde aquí queremos manifestar que ambos entes se complementan pero no se sustituyen. Desde la creación del Servicio el tejido asociativo ha atendido a personas extranjeras que por diferentes razones no podían ser derivadas a HELDU y (a sensu contrario), son muchas las organizaciones que mantienen que derivar a este servicio diferentes casos de especial complejidad que no pueden ser atendidos desde estas entidades.
En definitiva, concluir que la desaparición de HELDU no afecta a la atención jurídica y legal a la población inmigrante porque queda cubierta por las organizaciones sociales es una visión parcial y no ajustada a la realidad diaria, por lo que desde esta tribuna se solicita el manifestar que hay maneras, soluciones y formas de realizar entre todos un entente, pero la desaparición de HELDU conllevaría un gran error para muchos de los que han mostrado su adhesión a este documento.
Concluimos. Este manifiesto se ha pretendido hacer desde la justicia y la libertad que debe caracterizar y presidir un Estado social democrático y de derecho por lo que estimamos que la justicia debe imperar de tal modo que nadie debe esperar del favor ni temer de la arbitrariedad.
El colectivo de los 23 trabajador@s de HELDU.
Gracias a todos.
miércoles, 23 de junio de 2010
LA NOCHE, LA FIESTA TAMBIEN SON NUESTRAS!!!
Uda dator..eguzkia, hondartza, herriko jaiak, txosnak..eta Arginatetik urtero bezala gure Eraso Sexistaren kontrako kanpaina prestatu dugu : JAIA, GAUA GEUREAK ERE BADIRA!!!
Horregatik ostirala honetan, 25a, elkarretaratzea egingo dugu Bide Onera plazan (Barakaldon) 19:30etan
Anima Zaitezte!!!!
Ya llega el veranito, el sol, la playa, las fiestas, las txosnak y como todos los años desde Argitan, El Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo hemos preparado nuestra campaña contra las agresiones sexistas: LA NOCHE, LA FIESTA TAMBIEN SON NUESTRAS!!!
Por eso mismo este viernes dia 25 haremos una concentración a las 19:30h en la Plaza Bide Onera de Barakaldo
Animaros!!!
domingo, 20 de junio de 2010
La huelga general es posible y necesaria, otro sindicalismo también.
Cuando todas “las luces rojas”, que no camisetas de fútbol, de millones de de hogares están encendidas. El problema fundamental en estos momentos no es tanto convencer a las personas trabajadoras y a los millones de parados y excluidos de lo injusto de los recortes de salarios y empleo público, de la reaccionaria Reforma laboral, de la congelación de las pensiones o de los futuros recortes sociales, que nos preparan los gobernantes; sino demostrar que es posible un camino de resistencia y de lucha unitaria, continua y exitosa para acabar con los planes del capitalismo y la banca.
Por eso nos felicitamos y debemos comprometernos con las convocatorias de huelga coincidentes de la Mayoría sindical y de CCOO en la CAV para el 29 de Junio. Y con la convocatoria de Huelga General del 29 de septiembre en el conjunto del Estado; que vendría a unirse a las movilizaciones Europeas convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) contra las medidas de ajuste y recorte de los derechos laborales y sociales.
Desgraciadamente, arrastramos un par de décadas de desmovilización social y varios fracasos de las huelgas parciales y dividas anteriores. Por eso, se impone una reflexión serena y la búsqueda de una estrategia sindical eficaz de cara a futuro. Por que estamos nada más que al comienzo de un combate decisivo, que de perderlo nuestras condiciones de vida y trabajo, se puede retrotraer a las que se vivíamos a finales del franquismo.
La pasividad de las personas trabajadoras afectadas por el ajuste y de la mayoría de la sociedad tiene que ver con esas ideas y valores, que machaconamente nos han inculcado desde los medios de que “todos tenemos que pagar la crisis” como si fuera una especie de “desastre natural inevitable” que nos oculta a sus verdaderos culpables: los mercados financieros, los bancos, los capitalistas y los gobiernos.
No nos engañemos, muchos trabajadores no han querido secundar las anteriores convocatorias de huelga, porque pensaban que no servía para nada, porque no se confía en los sindicatos, por la división sindical, por el miedo a perder el puesto de trabajo temporal, por no perder un dinero y por mucho más…
Las estrategias sindicales de los sindicatos tradicionales han tenido una responsabilidad en ello. Hoy Toxo y Mendez se hacen los sorprendidos cuando el gobierno de Zapatero impone por decreto el despido libre en la reforma laboral; mientras llevan años entregados al “dialogo social” y a los privilegios que les proporciona el Estado. Y lo que es más grave, aun siguen manteniendo las ilusiones en unos falsos beneficios del dialogo social, incluso con la huelga, como se manifiesta Unai Sordo. Verdaderamente, no se puede ser cómplices de este descalabro, cuando los que se necesita es una estrategia de lucha y resistencia continuada por nuestras reivindicaciones y derechos.
El papel negociador del sindicalismo tradicional es básico para el estado y el capital. Y por el contrario es todo un desastre para el movimiento obrero, porque debilita a los sindicatos como instrumentos de lucha, de unidad y de solidaridad. Las burocracias sindicales generadas dedicándose al “buen servicio” y a la “atención individualizada” han desvirtuado el papel de organizador y movilizador colectivo de los sindicatos y han alentando la pasividad social, la desmoralización y las salidas individuales.
Con la profundidad que van tomando los ajustes laborales y sociales este modelo sindical ha entrado en crisis y al mismo tiempo cada vez más sectores del movimiento obrero lo cuestionan, apuntando hacia otro tipo de planteamientos alternativos, participativos y de lucha.
En la CAV y Navarra contamos con una Mayoría Sindical, que a diferencia del resto del estado alienta la movilización social. Lo cual es un gran avance de partida; pero parecen no ser concientes del papel responsable que les toca jugar ante el conjunto de la clase asalariada para así poder avanzar. No se pueden convocar huelgas desde el secreto a “golpe de pito” de la noche a la mañana, no se pueden dividir las fuerzas de la lucha por fechas diferentes. Así solo se puede movilizar a nuestros afiliados, y a veces ni estos.
Para que las próximas convocatorias de huelga sean un éxito necesitamos otro tipo de estrategias, necesitamos trabajar la unidad de acción. No necesitamos “funcionarios” de aparato, necesitamos activistas y luchadoras, que desde las asambleas debatan, preparen y consulten hasta en el último rincón en el que se encuentre la población laboral. Trabajando diariamente para convencer de que podemos revertir la situación, de que hay alternativas de Izquierda a la Crisis.
La huelga general es necesaria, pero hay que prepararla, trabajando diariamente desde las bases por la unidad y por la movilización continuada de la clase asalariada. Ahora podemos encontrarnos con que a medida que se profundizan los ataques del Capital, la banca y sus gobiernos se esta empezando a fraguar otro tipo de Sindicalismo nuevo, un sindicalismo alternativo, combativo y democrático que nos esta señalando que el camino de la resistencia y la lucha contra los ataques del capitalismo salvaje y depredador es posible, pero también necesario.
miércoles, 16 de junio de 2010
"EUSKAL HERRIAK BEHAR DUEN HEZKUNTZAREN ALDE"
Agiriahezkuntza blog
Gure herrian azken hamarkadetan garatzen ari garen hezkuntza-bidean bildutako esperientziak bultzatu gaitu agiri hau zabaltzera. Hezkuntza irekia, parte hartzailea, euskalduna eta pluralista lantzen ari gara gure ikastetxeetan, helburu ideologiko alderdikoiak gainditu eta herriaren gehiengoak lortu nahi dituen xedeei begira. Hezkuntzan egiten ari garen bide hau, bizi ditugun gorabehera soziopolitikoen erdian, ahalegin askoren emaitza da. Euskal Herrian hiru administrazio publikoetan hezkuntza politikaren ardura duten gobernu eta erakundeek –EAEn, Nafarroan zein Iparraldean– bide honetan herritarrek adierazi eta landutako oinarrizko adostasunen eta emandako urratsen aurka egitea larria litzateke. Larria, hain zuzen ere, euskal jendarteak behar duen hezkuntza oztopatu eta eskola helburu ideologiko jakin batzuen menpe ipiniko lukeelako.
Hezkuntzaren eremuan egina dugun ibilbideari modu kezkagarrian eragiten dioten erabakiak hartzen ari dira: besteak beste, euskararen presentzia eta ezagutzari buruzkoak, euskararen ofizialtasuna bera ukatzea, Euskal Herria ulertzeko modu murriztailea, testu liburuak zentsuratzeko nahia, irakasleen gabezia edota biktimen auzia bideratzeko bultzatu nahi dituzten politikak. Era horretan, modu larrian itxuraldatzen dituzte urte askotan gure hezkuntza komunitate zabalean landutako bide eta adostasunak.
Hasteko, prozedurak berak erakusten du erabaki horien mamia. Eragile ezberdinen parte hartzean sakondu eta adostasuna bilatzen saiatu gabe hartutako erabakiak dira. Hezkuntzako eragile gehienen iritzirik kontuan hartu gabe, inposizioaren bidetik datoz erabakiak.
Edukiei dagokienez, gure hezkuntzaren funtsezko helburu bati eragin nahi zaio: euskararen garapenari. Euskarak garatzen jarraitzeko dituen beharrei erantzuten saiatzen ari gara, euskararen berreskurapen oso eta normalizazioa xede izanik, hizkuntza desberdinei lekua eginez, bakoitzak duen beharraren arabera, eta euskaratik abiatuta hizkuntza ofizial desberdinetan maila egokia ziurtatzea helburu hartuta. Bide hori desitxuratzera datoz une honetan administrazioen hainbat proposamen: besteak beste, euskararen presentzia lausotu nahi da beste hizkuntzen ikaskuntzaren aitzakia erabilita. Egoera diglosikoetan jarraitu beharreko irizpide psiko-pedagogiko eta soziolinguistikoek argi erakutsi digute azken urteotako bidean sakondu egin behar dela euskararen ezagutza eta erabilera bermatzen joateko, hortantxe baitugu Etxepareren “euskara jalgi hadi plazara” leloarekin bat egiten dugunok beharrik larriena. Bide horretan egindako edozein atzera pausu, beraz, benetan larria litzateke herri honek hamarkadetan egindako ahaleginean.
Bestalde, irizpide ideologiko jakin batzuk ezarri nahi dira. Horren adibide dira Euskal Herriaren kontzeptua bera arlo jakin batera baztertu nahi izatea, eta biktimen gaia modu murriztu eta alderdikoian erabiltzea. Ez da hori egokia hezkuntzaren ikuspegitik. Batetik, herritarren gehiengoak Euskal Herriarekiko duen pertzepzioa eta bizi dituen errealitateak hezkuntzatik ezabatzea kaltegarria da. Eta, bestetik, biktimei dagokienez hezkuntza komunitate osoa bil dezakeen ikuspegia garatu behar da irizpide pedagogikoetan oinarrituta. Eta hori giza-eskubide guztien errespetutik abiatuta, sufrimendu guztiekiko sentiberatasunez, eta elkarbizitzarako adiskidetzea helburu izanda soilik lor daiteke.
Hezkuntzan egindako bidea luzea da, ederra eta neketsua. Eta, zalantzarik gabe, etengabe hobetu beharrekoa. Egindako bidean sakondu, irekitasunari eutsi eta adostasunak etengabe bilatzeko ahaleginetik etorriko da hobetze hori. Gure babesa eta indarra eman nahi diegu lan hezitzaile honetan ari diren pertsona guztiei. Halaber, eragile sozial, sindikal, kultural eta herritar oro animatu nahi dugu hezkuntza alorrean gertatzen ari denaren inguruan hausnartzera, eta erantzun egokia ematera. Bide horretatik, dei egiten diogu jendarte osoari, ekainaren 26an Donostian egingo den manifestazioan parte hartzera Euskal Herriak behar duen hezkuntzaren alde.
Euskal Herrian, 2010eko ekainean
La experiencia que hemos acumulado en el terreno educativo, desarrollada a lo largo de las últimas décadas, nos ha impelido a elaborar este manifiesto. En nuestros centros trabajamos por una educación abierta, participativa, euskaldun y pluralista, superando objetivos ideológicos partidistas y en consonancia con los propósitos de la mayoría de nuestro pueblo. El camino que estamos haciendo en el ámbito educativo, en medio de importantes vicisitudes sociopolíticas, es fruto de muchos y variados esfuerzos. Sería grave que los gobiernos e instituciones que tienen la responsabilidad de la política educativa en las tres unidades administrativas de Euskal Herria –CAV, Nafarroa e Iparralde– actuasen en contra de los acuerdos básicos manifestados y los avances desarrollados por la propia ciudadanía. Especialmente grave porque dificultaría desarrollar la educación que necesita la sociedad vasca y porque colocaría la escuela al servicio de
determinados intereses ideológicos.
Se están adoptando medidas que atentan de manera preocupante contra el camino que hemos venido trazando en el ámbito educativo. Ejemplos de ello son, entre otras, las referidas a la presencia y conocimiento del euskara, la negación del carácter oficial del euskara en ciertas zonas, la concepción reduccionista de Euskal Herria, la censura de libros de texto, la carencia de profesorado euskaldun o las iniciativas que se impulsan en la cuestión de las víctimas. Con todo ello, modifican gravemente el camino trazado y los acuerdos que hemos desarrollado a lo largo de muchos años en nuestra amplia y plural comunidad educativa.
De entrada, el procedimiento utilizado revela el carácter de esas medidas. Se trata de decisiones adoptadas sin intentar siquiera la participación y el acuerdo de los diversos agentes educativos. Son medidas que vienen de la mano de la imposición, sin tener en cuenta la opinión de la mayoría de agentes educativos.
En lo que se refiere a los contenidos, por una parte, se intenta alterar uno de los objetivos básicos de nuestra educación: el desarrollo del euskara. En los centros intentamos responder a los retos que impone el desarrollo de nuestra lengua con el propósito de recuperarla y normalizarla completamente, haciendo sitio a otras lenguas en función de las necesidades de cada cual, e intentando garantizar, partiendo del euskara, un conocimiento adecuado de las diversas lenguas oficiales. Algunas decisiones de las diferentes administraciones pretenden alterar y desfigurar esa realidad. Cabe destacar, entre otras, el intento de difuminar la presencia del euskara en la enseñanza con el pretexto del aprendizaje de otras lenguas. Los criterios psicopedagógicos y sociolingüísticos a seguir en situaciones diglósicas indican claramente que es necesario profundizar en la vía de estos últimos años para seguir garantizando el conocimiento y uso del euskara. Esta es la necesidad y el reto más importante de quienes como Etxepare decimos “euskara jalgi hadi plazara”. Cualquier retroceso en el esfuerzo que ha realizado este pueblo en este terreno sería especialmente grave.
Por otro lado, se están tratando de imponer unos criterios ideológicos determinados. Ejemplo de ello son el intento de reducir el alcance del concepto Euskal Herria, y la utilización de la cuestión de las víctimas de manera sesgada y partidista. Desde el punto de vista educativo todo ello resulta muy inadecuado. Por una parte, resulta perjudicial eliminar del espacio educativo la percepción que de Euskal Herria tiene la mayoría de ciudadanas y ciudadanos y las diversas realidades que vive. Y, por otra, en lo que hace a las víctimas es necesario desarrollar una vía que, fundamentada en criterios pedagógicos, permita reunir a toda la comunidad educativa. Ello sólo podrá hacerse partiendo del respeto a todos los derechos humanos, siendo sensibles a todos los sufrimientos y teniendo por objetivo último la reconciliación para la convivencia.
En el ámbito educativo el camino suele ser largo, hermoso y difícil. Y, qué duda cabe, hay que intentar mejorarlo siempre. Esa mejora se producirá si profundizamos en el camino educativo emprendido, si preservamos su carácter abierto y si perseveramos en la búsqueda continua de acuerdos. Queremos trasladar todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza a todas las personas que están trabajando en labores educativas. Así mismo, animamos a los diversos agentes sociales, sindicales, culturales y a toda la ciudadanía a que reflexionen sobre lo que está sucediendo en el ámbito educativo y a dar la respuesta adecuada. En este sentido, llamamos a toda la sociedad a que participe en la manifestación que con el lema “Euskal Herriak behar duen hezkuntzaren alde” se va a celebrar el día 26 de junio en Donostia.
Euskal Herria, junio de 2010
determinados intereses ideológicos.
Se están adoptando medidas que atentan de manera preocupante contra el camino que hemos venido trazando en el ámbito educativo. Ejemplos de ello son, entre otras, las referidas a la presencia y conocimiento del euskara, la negación del carácter oficial del euskara en ciertas zonas, la concepción reduccionista de Euskal Herria, la censura de libros de texto, la carencia de profesorado euskaldun o las iniciativas que se impulsan en la cuestión de las víctimas. Con todo ello, modifican gravemente el camino trazado y los acuerdos que hemos desarrollado a lo largo de muchos años en nuestra amplia y plural comunidad educativa.
De entrada, el procedimiento utilizado revela el carácter de esas medidas. Se trata de decisiones adoptadas sin intentar siquiera la participación y el acuerdo de los diversos agentes educativos. Son medidas que vienen de la mano de la imposición, sin tener en cuenta la opinión de la mayoría de agentes educativos.
En lo que se refiere a los contenidos, por una parte, se intenta alterar uno de los objetivos básicos de nuestra educación: el desarrollo del euskara. En los centros intentamos responder a los retos que impone el desarrollo de nuestra lengua con el propósito de recuperarla y normalizarla completamente, haciendo sitio a otras lenguas en función de las necesidades de cada cual, e intentando garantizar, partiendo del euskara, un conocimiento adecuado de las diversas lenguas oficiales. Algunas decisiones de las diferentes administraciones pretenden alterar y desfigurar esa realidad. Cabe destacar, entre otras, el intento de difuminar la presencia del euskara en la enseñanza con el pretexto del aprendizaje de otras lenguas. Los criterios psicopedagógicos y sociolingüísticos a seguir en situaciones diglósicas indican claramente que es necesario profundizar en la vía de estos últimos años para seguir garantizando el conocimiento y uso del euskara. Esta es la necesidad y el reto más importante de quienes como Etxepare decimos “euskara jalgi hadi plazara”. Cualquier retroceso en el esfuerzo que ha realizado este pueblo en este terreno sería especialmente grave.
Por otro lado, se están tratando de imponer unos criterios ideológicos determinados. Ejemplo de ello son el intento de reducir el alcance del concepto Euskal Herria, y la utilización de la cuestión de las víctimas de manera sesgada y partidista. Desde el punto de vista educativo todo ello resulta muy inadecuado. Por una parte, resulta perjudicial eliminar del espacio educativo la percepción que de Euskal Herria tiene la mayoría de ciudadanas y ciudadanos y las diversas realidades que vive. Y, por otra, en lo que hace a las víctimas es necesario desarrollar una vía que, fundamentada en criterios pedagógicos, permita reunir a toda la comunidad educativa. Ello sólo podrá hacerse partiendo del respeto a todos los derechos humanos, siendo sensibles a todos los sufrimientos y teniendo por objetivo último la reconciliación para la convivencia.
En el ámbito educativo el camino suele ser largo, hermoso y difícil. Y, qué duda cabe, hay que intentar mejorarlo siempre. Esa mejora se producirá si profundizamos en el camino educativo emprendido, si preservamos su carácter abierto y si perseveramos en la búsqueda continua de acuerdos. Queremos trasladar todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza a todas las personas que están trabajando en labores educativas. Así mismo, animamos a los diversos agentes sociales, sindicales, culturales y a toda la ciudadanía a que reflexionen sobre lo que está sucediendo en el ámbito educativo y a dar la respuesta adecuada. En este sentido, llamamos a toda la sociedad a que participe en la manifestación que con el lema “Euskal Herriak behar duen hezkuntzaren alde” se va a celebrar el día 26 de junio en Donostia.
Euskal Herria, junio de 2010
lunes, 14 de junio de 2010
NOTAS TRAS EL FRACASO DEL 8
¿Cómo no hablar de fracaso si en algunos hospitales de Madrid donde trabajamos entre dos mil y cinco mil trabajadores fuimos a la huelga menos de cien? ¿Los servicios mínimos abusivos? No nos engañemos. La gente no quería ir a la huelga por muchas razones: porque no servía para nada, porque no confiaba en los sindicatos, porque no quería perder más de cien euros, por lo que sea… La huelga ha resultado ser un absoluto fracaso.
Las consecuencias no se han hecho esperar. Esperanza Aguirre ya ha anunciado un paquete de recortes salariales y sindicales. Y el Gobierno de Zapatero aprobará por ley el día 16 una profunda reforma laboral con claros tintes reaccionarios.
Esta derrota nos tiene que llevar a múltiples reflexiones. Una de ellas es la pasividad de la sociedad y de los trabajadores afectados en las medidas de ajuste. Es curioso y poco edificante ver cómo han calado las ideas y los valores que nos están machacando día tras día como por ejemplo que “todos tenemos que pagar la crisis”, que lo que nos está pasando es una especie de “desastre natural” ajeno a sus culpables que no son otros que los mercados financieros, la banca y los gobiernos que están gestionando esta crisis en detrimento de las clases populares.
Otra reflexión que sería buena hacer es el papel de unos sindicatos entregados al Gobierno y cómplices de este descalabro. Para cuando se han dado cuenta que también van a por ellos ya es demasiado tarde. En los momentos en que han sido útiles, tanto el Gobierno como el Capital les han usado –y ellos se han beneficiado- pero ahora, que son un obstáculo se han quedado tirados como una colilla.
Y es en este punto donde me gustaría detenerme. Qué está pasando con el llamado sindicalismo tradicional. No lo haré con otro sindicalismo de tipo corporativo como los Csif, Satse o Femys a los que considero directamente vinculados con la ideología liberal y cuyo papel no es otro que “defender” a unos trabajadores contra otros.
Pues bien, creo que asistimos a una crisis enorme del sindicalismo tradicional. Una crisis de tal profundidad que una parte considerable de la sociedad o incluso del movimiento obrero está empezando a cuestionar sí tienen o no sentido los sindicatos en esta época neoliberal que nos ha tocado vivir. Muchos compañeros me han comentado que contradictoriamente, estos sindicatos tienen más de dos millones de afiliados. Correcto, pero yo creo que lo que aún no se ha perdido en cantidad, ya se ha retrocedido en calidad. Me refiero a que muchos de estos afiliados buscan “un buen servicio” del sindicato antes que una herramienta de lucha; y, en lugar de fortalecer la unidad y solidaridad de los trabajadores, se busca una “atención individualizada”. Por descontando, que a esta mala práctica han contribuido desde las burocracias sindicales hasta los mismos delegados de empresa, pasando por la pasividad de la masa de asalariados.
En segundo lugar la crisis del sindicalismo tradicional tiene que ver con el notable éxito que tienen las doctrinas neoliberales. Mientras existía el estado de bienestar los sindicatos juegan un papel negociador, básico para el Estado y la burguesía. Hoy las cosas están cambiando y cuanta más cerrada es la ortodoxia capitalista mayor es la ofensiva antisindical como lo viene demostrando Esperanza Aguirre.
Pero esta crisis no se debe única ni exclusivamente al papel de los mercados y los gobiernos que vienen colaborando con ellos, sino además al proyecto y a la propia práctica de estos agentes. Desde la llegada de ZP al gobierno, los sindicatos han renunciado a la movilización social generalizada o sectorial muy a pesar del deterioro al que nos hemos visto abocados a partir de la crisis de 2008. El llamado diálogo social se ha convertido en la panacea para unos sindicatos que se han olvidado por completo de la lucha, aceptando acuerdos y medidas que han sembrado a la clase trabajadora de escepticismo, conformismo y resignación.
La cúpula sindical ha caminado del brazo del Gobierno y los empresarios pero ¿han existido en el seno de las centrales sindicales corrientes de oposición y críticas? Al menos que se hayan hecho públicas pocas o muy pocas. Esto nos indica que en el interior de los mismos no hay muchas personas capaces de oponerse a la estrategia del diálogo social. Así las cosas llegamos a un día como el 8-J con una huelga en el sector público en donde muchos de los afiliados ni siquiera se suman al paro y en donde ni la mitad de sus delegados sindicales asisten a las manifestaciones.
Pero el descrédito y desprestigio de los sindicatos tradicionales va más allá. No conformes con seguir una estrategia sindical catastrófica, no conformes con la pasividad de las propias bases y afiliados, entramos ahora en un lugar si cabe más oscuro. Me refiero a la corrupción.Porque la corrupción no es patrimonio exclusivo del PP y de numerosos casos del PSOE, corrupción es también una práctica en la que no pocos liberados y delegados de los sindicatos se comportan como “funcionarios” de Estado. Haciendo uso de las horas sindicales y del “tiempo libre” para beneficio personal e incumpliendo el mandato que los trabajadores le han asignado. Creando un entramado complejo de prebendas y privilegios (respecto al resto de sus compañeros) a cambio de mutuos favores a la empresa y de la empresa. Sí esto ha pasado y sigue pasando en lugares como la Sanidad es porque se ha consentido, porque los trabajadores lo han tolerado, porque las personas que han accedido a esos cargos no son luchadores ni activistas sino “funcionarios” de un aparato y porque a la propia Administración le ha venido muy bien. ¿Cambiará esto ahora que Aguirre ha desenterrado el hacha de guerra y se plantea disminuir el número de liberados y de horas sindicales?
Con el 8-J vivimos una combinación nefasta de todo lo anteriormente señalado. La desmovilización social, la desconfianza hacia los sindicatos, la certeza de que la huelga no servía, el miedo a perder (dinero o el puesto); y sobre todo la gran debilidad del sindicalismo alternativo. Todo esto hizo que en ausencia de un desbordamiento por la izquierda a los sindicatos tradicionales, asistimos a una desmovilización por la derecha por parte de los trabajadores.
El día 8 perdimos una batalla pero no la guerra. Sí tomamos conciencia de que nos jugamos algo importante, sí somos capaces de transmitirlo a los trabajadores, estaremos comenzando a revertir la situación. Ese es el reto de un sindicalismo nuevo, combativo y democrático. Un sindicalismo que explique que este capitalismo nos quiere hacer retroceder a la época de la revolución industrial. Un sindicalismo que no traicione, que no viva de las subvenciones, que en las empresas luche y rechace los cantos de sirena y los privilegios. Que haga asambleas donde consulte a los trabajadores.
Ya no se trata de lamentarlos por todo lo que llevamos perdido. En los próximos días puede ser que UGT y CCOO lancen la Huelga General. No sabemos sí lo van a hacer o por el contrario es un “farol” para asustar al Gobierno. Pero por lo visto Zapatero no se ha dado por aludido y los asustados parecen ser ahora Toxo y Méndez. Atrapados en su farol se encuentran en un dilema: sí no convocan vuelven a mostrar debilidad y sí convocan se arriesgan a un fracaso parecido al del 8-J. ¿Qué hacer?
En lo que al sindicalismo alternativo le concierne, creo yo, deberíamos proponer que la Huelga General es necesaria. Pero sí esa huelga no se prepara, si no se consulta con los trabajadores, sí no se hacen asambleas, sí no se moviliza al conjunto de la población laboral, sí no se convence a una gran parte de la sociedad que podemos revertir la situación, que hay alternativas de izquierda a la crisis. Entonces estaríamos abocados a otro fracaso. El problema fundamental en estos momentos no es tanto convencer a los trabajadores de lo injusta que es esta situación, sino de mostrar un camino en donde se vea que la resistencia al neoliberalismo es posible.
domingo, 13 de junio de 2010
Socialdemocracia, fin de ciclo, por Ignacio Ramonet
Las ideas también mueren. El cementerio de los partidos políticos rebosa de tumbas en donde yacen los restos de organizaciones que otrora desataron pasiones, movieron a multitudes y hoy son pasto del olvido. ¿Quién se acuerda en Europa, por ejemplo, del Radicalismo? Una de las fuerzas políticas (de centro-izquierda) más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, que los vientos de la historia se llevaron... ¿Qué fue del Anarquismo? ¿O del Comunismo estaliniano? ¿Qué se hicieron aquellos formidables movimientos populares capaces de movilizar a millones de campesinos y obreros? ¿Qué fueron sino devaneos? (1)
Por sus propios abandonos, abjuraciones y renuncias, a la socialdemocracia europea le toca hoy verse arrastrada hacia el sepulcro... Su ciclo de vida parece acabarse. Y lo más incomprensible es que semejante perspectiva se produce en el momento en que el capitalismo ultraliberal atraviesa uno de sus peores momentos.
¿Por qué la socialdemocracia se muere, cuando el ultraliberalismo se halla en plena crisis? Sin duda porque, frente a tantas urgencias sociales, no ha sabido generar entusiasmo popular. Navega a tientas, sin brújula y sin teoría; da la impresión de estar averiada, con un aparato dirigente enclenque, sin organización ni ideario, sin doctrina ni orientación... Y sobre todo sin identidad: era una organización que debía hacer la revolución, y ha renegado de ese empeño; era un partido obrero, y hoy lo es de las clases medias urbanas acomodadas.
Las recientes elecciones han demostrado que la socialdemocracia europea ya no sabe dirigirse a los millones de electores víctimas de las brutalidades del mundo postindustrial engendrado por la globalización. Esas multitudes de obreros desechables, de neo-pobres de los suburbios, de mileuristas , de excluidos, de jubilados en plena edad activa, de jóvenes precarizados , de familias de clase media amenazadas por la miseria. Capas populares damnificadas por el shock neoliberal... Y para las cuales, la socialdemocracia no parece disponer de discurso ni de remedios.
Los resultados de las elecciones europeas de junio de 2009 demostraron su descalabro actual. La mayoría de los partidos de esa familia en el poder retrocedieron. Y los partidos en la oposición también recularon, particularmente en Francia y en Finlandia.
No supieron convencer de su capacidad para responder a los desafíos económicos y sociales planteados por el desastre del capitalismo financiero. Si faltaba un indicio para demostrar que los socialistas europeos son incapaces de proponer una política diferente de la que domina en el seno de la Unión Europea, esa prueba la dieron Gordon Brown y José Luis Rodríguez Zapatero cuando apoyaron la bochornosa elección a la Presidencia de la Comisión Europea del ultraliberal José Manuel Duraõ Barroso, el cuarto hombre de la Cumbre de las Azores...
En 2002, los socialdemócratas gobernaban en quince países de la Unión Europea. Hoy, a pesar de que la crisis financiera ha demostrado el impasse moral, social y ecológico del ultraliberalismo, ya sólo gobiernan en cinco Estados (España, Grecia, Hungría, Portugal y Reino Unido). No han sabido sacar provecho del descalabro neoliberal. Y los Gobiernos de tres de esos países -España, Grecia y Portugal, atacados por los mercados financieros y afectados por la "crisis de la deuda"- se hundirán en un descrédito e impopularidad aún mayores cuando empiecen a aplicar, con mano de hierro, los programas de austeridad y las políticas antipopulares exigidas por la lógica de la Unión Europea y sus principales cancerberos.
Repudiar sus propios fundamentos se ha vuelto habitual. Hace tiempo que la socialdemocracia europea decidió alentar las privatizaciones, estimular la reducción de los presupuestos del Estado a costa de los ciudadanos, tolerar las desigualdades, promover la prolongación de la edad de jubilación, practicar el desmantelamiento del sector público, a la vez que espoleaba las concentraciones y las fusiones de mega-empresas y que mimaba a los bancos. Lleva años aceptando, sin gran remordimiento, convertirse al social-liberalismo. Ha dejado de considerar como prioritarios algunos de los objetivos que formaban parte de su ADN ideológico. Por ejemplo: el pleno empleo, la defensa de las ventajas sociales adquiridas, el desarrollo de los servicios públicos o la erradicación de la miseria.
A finales del siglo XIX y hasta los años 1930, cada vez que el capitalismo dio un salto transformador, los socialdemócratas, casi siempre apoyados por las izquierdas y los sindicatos, aportaron respuestas originales y progresistas: sufragio universal, enseñanza gratuita para todos, derecho a un empleo, seguridad social, nacionalizaciones, Estado social, Estado de Bienestar... Esa imaginación política parece hoy agotada.
La socialdemocracia europea carece de nueva utopía social. En la mente de muchos de sus electores, hasta en los más modestos, el consumismo triunfa, así como el deseo de enriquecerse, de divertirse, de zambullirse en las abundancias, de ser feliz sin mala conciencia... Frente a ese hedonismo dominante, machacado en permanencia por la publicidad y los medios masivos de manipulación, los dirigentes socialdemócratas ya no se atreven a ir a contracorriente. Llegan incluso a convencerse de que no son los capitalistas los que se enriquecen con el esfuerzo de los proletarios, sino los pobres quienes se aprovechan de los impuestos pagados por los ricos... Piensan, como lo afirma el filósofo italiano Raffaele Simone, que "el socialismo sólo es posible cuando la desgracia sobrepasa en exceso a la dicha, cuando el sufrimiento rebasa con mucho el placer, y cuando el caos triunfa sobre las estructuras" (2).
Por eso quizá, y en contraste, está renaciendo hoy con tanta pujanza y tanta creatividad, un nuevo socialismo del siglo XXI en algunos países de América del Sur (Bolivia, Ecuador, Venezuela). Mientras en Europa, a la socialdemocracia le llega su fin de ciclo.
Notas:
(1) Jorge Manrique, "Coplas a la muerte de su padre" (1477).
(2) Raffaele Simone, "Les socialistes proposent toujours le sacrifice", en Philosophie Magazine , n° 36, febrero de 2010, París.
Fuente: http://www.monde-diplomatique.es/isum/Main
La justicia y los “mercados”
GERARDO PISARELLO Y JAUME ASENS
Recortar los derechos de las clases populares y afectar los servicios públicos para contentar a los “mercados” se está convirtiendo en la receta generalizada de la Unión Europea para salir de la crisis. Aunque apelan al sentido de la responsabilidad, estas medidas no resisten un análisis detenido. Son inaceptables en términos éticos, ya que propician una injusta distribución de cargas entre quienes tienen más y quienes menos tienen y absuelven, en cambio, a los verdaderos culpables del desaguisado actual. Son un despropósito desde el punto de vista económico, entre otras razones, porque suponen ahondar el marco recesivo de los últimos años. Y resultan inadmisibles en el plano jurídico, porque entrañan el incumplimiento de compromisos asumidos hace tiempo por los gobiernos europeos, así como la frustración de las expectativas legítimas de millones de personas.En el caso español, cuando se aprobó la Constitución, reputados juristas vinculados al PSOE sostuvieron que el reconocimiento de principios como los del Estado social o el de igualdad debía entenderse como una barrera frente a las actuaciones regresivas del poder. Si no se podía obligar a un gobierno a satisfacer todos los derechos sociales de la noche al día, sí cabía, en cambio, imponerle la obligación de no generar retrocesos arbitrarios en relación con las conquistas adquiridas.
Este principio de no regresividad ha sido recogido, de modo directo o indirecto, por diversos tribunales constitucionales. En su tiempo, el español dejó dicho que el legislador no podía recortar derechos laborales sin razón suficiente (STC 81/1982) o desvirtuar el régimen público de instituciones como la Seguridad Social (STC 37/1994). En febrero de este año, por su parte, el tribunal constitucional alemán entendió que algunos recortes en los subsidios de desempleo decretados en la era Schroeder suponían una vulneración del derecho a una vida digna contemplado en la Constitución.
Para los cultores del realismo de corto plazo, estos razonamientos sólo valdrían en épocas de crecimiento económico, cuando la financiación de los derechos sociales no resulta conflictiva ni comporta mayores operaciones redistributivas. Con arreglo, sin embargo, al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966, ratificado por el Estado español, la prohibición de retrocesos arbitrarios debe observarse sobre todo en tiempos de crisis. Es entonces cuando los poderes públicos deben emplear todos sus esfuerzos, y hasta el máximo de recursos disponibles, para evitar que los ajustes recaigan en los colectivos más vulnerables.
A pesar de su declamado compromiso con la legalidad internacional y constitucional, el Gobierno se ha apartado abiertamente de esta exigencia de tutela del más débil. Ya lo hizo al limitar de manera desproporcionada los derechos de los inmigrantes, en la última reforma a la ley de extranjería, o de los inquilinos, con la llamada ley del deshaucio exprés. Lo ha vuelto a hacer ahora con el ataque vía decreto a los derechos de pensionistas, funcionarios, personas dependientes y familias con recién nacidos. Y volverá a hacerlo, si nadie se lo impide, con la contrarreforma laboral que, como una espada de Damocles, pende sobre el conjunto de la población trabajadora.
Además de vulnerar la prohibición de regresividad, estas medidas conculcan principios jurídicos elementales como la prohibición de discriminación, la seguridad jurídica o el derecho a la negociación colectiva. El Gobierno se ha empecinado en llevarlas adelante, consciente de que el Partido Popular y las propias clases dirigentes europeas comparten la filosofía de fondo. Sin embargo, ni está claro que sirvan para saciar a los grandes tiburones financieros ni son el único camino posible. Las alternativas existen, y se han recordado insistentemente a lo largo de estos días. El control democrático de la banca sigue siendo medular, aunque el listado es amplio: una lucha decidida contra el fraude fiscal y la corrupción, la recuperación de impuestos irresponsablemente eliminados como el de patrimonio o sucesiones, el aumento de la presión fiscal sobre rentas altas y grandes fortunas, la modificación del impuesto de sociedades o la reducción de partidas como las destinadas al Ejército, la Iglesia o la Casa del Rey.
Una actuación decidida en estos ámbitos permitiría afrontar la crisis sin tener que abdicar de las obligaciones que el orden constitucional e internacional impone a los poderes públicos. Pero nada de ello ocurrirá por arte de magia. Los derechos, como decía Martin Luther King, necesitan ayuda. Y esta, en última instancia, sólo puede provenir de la organización y movilización ciudadana orientada a su conquista y defensa. En su momento, las huelgas generales y la protesta en las calles morigeraron de manera decisiva los ajustes impuestos por Felipe González y José María Aznar. Recuperar esta lección, y proyectarla a escala europea, es una condición indispensable para que los responsables de la crisis actual no se salgan con la suya, una vez más, en detrimento de los intereses de la gran mayoría.
Este principio de no regresividad ha sido recogido, de modo directo o indirecto, por diversos tribunales constitucionales. En su tiempo, el español dejó dicho que el legislador no podía recortar derechos laborales sin razón suficiente (STC 81/1982) o desvirtuar el régimen público de instituciones como la Seguridad Social (STC 37/1994). En febrero de este año, por su parte, el tribunal constitucional alemán entendió que algunos recortes en los subsidios de desempleo decretados en la era Schroeder suponían una vulneración del derecho a una vida digna contemplado en la Constitución.
Para los cultores del realismo de corto plazo, estos razonamientos sólo valdrían en épocas de crecimiento económico, cuando la financiación de los derechos sociales no resulta conflictiva ni comporta mayores operaciones redistributivas. Con arreglo, sin embargo, al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966, ratificado por el Estado español, la prohibición de retrocesos arbitrarios debe observarse sobre todo en tiempos de crisis. Es entonces cuando los poderes públicos deben emplear todos sus esfuerzos, y hasta el máximo de recursos disponibles, para evitar que los ajustes recaigan en los colectivos más vulnerables.
A pesar de su declamado compromiso con la legalidad internacional y constitucional, el Gobierno se ha apartado abiertamente de esta exigencia de tutela del más débil. Ya lo hizo al limitar de manera desproporcionada los derechos de los inmigrantes, en la última reforma a la ley de extranjería, o de los inquilinos, con la llamada ley del deshaucio exprés. Lo ha vuelto a hacer ahora con el ataque vía decreto a los derechos de pensionistas, funcionarios, personas dependientes y familias con recién nacidos. Y volverá a hacerlo, si nadie se lo impide, con la contrarreforma laboral que, como una espada de Damocles, pende sobre el conjunto de la población trabajadora.
Además de vulnerar la prohibición de regresividad, estas medidas conculcan principios jurídicos elementales como la prohibición de discriminación, la seguridad jurídica o el derecho a la negociación colectiva. El Gobierno se ha empecinado en llevarlas adelante, consciente de que el Partido Popular y las propias clases dirigentes europeas comparten la filosofía de fondo. Sin embargo, ni está claro que sirvan para saciar a los grandes tiburones financieros ni son el único camino posible. Las alternativas existen, y se han recordado insistentemente a lo largo de estos días. El control democrático de la banca sigue siendo medular, aunque el listado es amplio: una lucha decidida contra el fraude fiscal y la corrupción, la recuperación de impuestos irresponsablemente eliminados como el de patrimonio o sucesiones, el aumento de la presión fiscal sobre rentas altas y grandes fortunas, la modificación del impuesto de sociedades o la reducción de partidas como las destinadas al Ejército, la Iglesia o la Casa del Rey.
Una actuación decidida en estos ámbitos permitiría afrontar la crisis sin tener que abdicar de las obligaciones que el orden constitucional e internacional impone a los poderes públicos. Pero nada de ello ocurrirá por arte de magia. Los derechos, como decía Martin Luther King, necesitan ayuda. Y esta, en última instancia, sólo puede provenir de la organización y movilización ciudadana orientada a su conquista y defensa. En su momento, las huelgas generales y la protesta en las calles morigeraron de manera decisiva los ajustes impuestos por Felipe González y José María Aznar. Recuperar esta lección, y proyectarla a escala europea, es una condición indispensable para que los responsables de la crisis actual no se salgan con la suya, una vez más, en detrimento de los intereses de la gran mayoría.
Gerardo Pisarello y Jaume Asens son juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona
La amenaza real de la Flotilla de la Libertad
Noam Chomsky - Público
El violento ataque de Israel contra la Flotilla de la Libertad, que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, ha escandalizado al mundo.
Secuestrar embarcaciones en aguas internacionales y asesinar pasajeros es, por supuesto, un crimen grave.
Pero el crimen no es algo nuevo. Durante décadas, Israel ha estado secuestrando embarcaciones entre Chipre y Líbano, y matando y secuestrando pasajeros, a veces reteniéndolos como rehenes en prisiones israelíes.
Israel da por sentado que puede cometer impunemente estos crímenes porque Estados Unidos los tolera, y Europa, generalmente, sigue el ejemplo de EEUU.
Como observaron correctamente los editores de The Guardian el 1 de junio: “Si un grupo armado de piratas somalíes armados hubiera abordado ayer seis embarcaciones en alta mar, matado a cuando menos diez pasajeros y lesionado a muchos más, una fuerza de trabajo de la OTAN ya estaría encaminada hoy a la costa somalí”.
En este caso, el tratado de la OTAN obliga a sus miembros a acudir a la ayuda de un país miembro de la OTAN –Turquía– atacado en alta mar.
El pretexto de Israel para el ataque fue que la Flotilla de la Libertad estaba llevando materiales que Hamás podría utilizar para disparar cohetes contra Israel.
El pretexto no es creíble. Una razón suficiente es que Israel puede poner fin a la amenaza de los cohetes por medios pacíficos.
Los antecedentes son importantes. Hamás fue identificado como una importante amenaza terrorista cuando triunfó en las elecciones libres celebradas en febrero de 2006. Estados Unidos e Israel incrementaron bruscamente su castigo a los palestinos, ahora por el crimen de votar de forma equivocada.
El sitio de Gaza, incluyendo un bloqueo naval, fue un resultado de esa estrategia. El sitio de Gaza se intensificó marcadamente en 2007, después de que una pequeña guerra civil dejó a Hamás el control del territorio.
Lo que comúnmente ha sido descrito como un golpe militar de Hamás, fue, de hecho, incitado por EEUU e Israel, en un crudo intento de anular las elecciones que llevaron a Hamás al poder.
Esto ha sido del dominio público desde por lo menos abril de 2008, cuando David Rose informó en Vanity Fair de que el entonces presidente de EEUU, George W. Bush; su asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, y el segundo de esta, Elliott Abrams, “apoyaron a una fuerza armada bajo las órdenes del hombre fuerte de Fatah, Muhammad Dahlan, encendiendo un cruenta guerra civil en Gaza y dejando a Hamás más fuerte que nunca”.
El terrorismo de Hamás incluyó el lanzamiento de cohetes contra los pueblos israelíes cercanos –acto criminal, sin duda, pero sólo una diminuta fracción de los crímenes rutinarios de EEUU e Israel en Gaza–.
En junio de 2008, Israel y Hamás llegaron a un acuerdo de alto el fuego. El Gobierno israelí reconoce oficialmente que, hasta que Israel violó el acuerdo el 4 de noviembre de ese año al invadir a Gaza y matar a media docena de activistas de Hamás, esta no disparó un solo cohete.
Hamás ofreció reanudar el alto el fuego. El Gabinete israelí analizó la oferta y la rechazó, prefiriendo lanzar su asesina invasión de Gaza el 27 de diciembre.
Como otros estados, Israel tiene el derecho de defenderse. Pero ¿tenía el derecho de emplear la fuerza en Gaza en nombre de la autodefensa?
La ley internacional, incluyendo la Carta de la ONU, es inequívoca: una nación tiene tal derecho sólo si ha agotado los medios pacíficos. En este caso, la utilización de tales medios no fue siquiera intentada, aunque –o quizá porque– existían todas las razones posibles para que tuvieran éxito.
Así, la invasión fue pura agresión criminal y lo mismo puede decirse de que los israelíes hayan recurrido a la fuerza contra la flotilla.
El sitio es salvaje, diseñado para mantener apenas vivos a los animales enjaulados para esquivar las protestas internacionales, pero difícilmente más que eso. Es la última etapa de planes israelíes trazados hace tiempo y apoyados por Estados Unidos para separar Gaza de Cisjordania.
La periodista israelí Amira Hass, una destacada especialista en Gaza, describe la historia del proceso de separación: “Las restricciones sobre el movimiento palestino que Israel introdujo en enero de 1991 revirtieron un proceso iniciado en junio de 1967. En ese entonces y por vez primera desde 1948, una gran parte del pueblo palestino vivió nuevamente en el territorio abierto de un solo país –uno, por cierto, que estaba ocupado, pero era sin embargo entero–”.
Hass concluye: “La separación total de la Franja de Gaza de Cisjordania es uno de los logros más grandes de la política israelí, cuyo objetivo último es impedir una solución basada en decisiones y acuerdos internacionales y, en lugar de eso, dictar un acuerdo basado en la superioridad militar israelí”.
La Flotilla de la Libertad desafió esa política y, por tanto, debía ser destruida.
Ha existido un marco para solucionar el conflicto árabe-israelí desde 1976, cuando los estados árabes introdujeron una resolución en el Consejo de Seguridad que planteaba un tratado basado en dos estados en las fronteras internacionales, incluyendo todas las garantías de seguridad de la Resolución 242 de la ONU, adoptada después de la guerra de junio de 1967.
Los principios esenciales cuentan con el apoyo de prácticamente todo el mundo, incluyendo la Liga Árabe, la Organización de Estados Islámicos (incluyendo Irán) y actores relevantes que no son estados, entre ellos Hamás.
Pero EEUU e Israel han encabezado el rechazo a tal acuerdo durante tres décadas, con una excepción crucial y altamente informativa. En su último mes en el cargo de presidente de EEUU, en enero de 2001, Bill Clinton inició negociaciones israelo-palestinas en Taba (Egipto) que casi alcanzaron un acuerdo, según anunciaron los participantes, antes de que Israel pusiera fin a las negociaciones.
Hoy persiste el cruel legado de una paz fallida.
La ley internacional no puede ser aplicada contra estados poderosos, salvo por sus propios ciudadanos. Eso siempre es una tarea difícil, particularmente cuando opiniones bien articuladas declaran que el crimen es legítimo, ya sea de manera explícita o mediante una argumentación que parta de la adopción tácita de un marco criminal –lo cual es más malicioso, porque hace invisible el crimen–.
¿Necesitamos inmigrantes?
por June Fernández, * Integrante de SOS Racismo Bizkaia Deia.
EL anterior Gobierno vasco lanzó una campaña bajo el lema Gracias a la inmigración nuestro país avanza. Mostraba imágenes como la de una mujer latina cuidando de un anciano en silla de ruedas. La pretensión era loable: concienciar a la sociedad sobre la contribución que hacen las personas inmigrantes a nuestra economía y reconocer su papel en suplir algunas de nuestras carencias estructurales: como la falta de corresponsabilidad de los hombres respecto a las tareas domésticas y de cuidados, y la escasez de recursos públicos para atender dichas necesidades, lo cual explica la gran demanda de mujeres inmigrantes (manteniendo los tradicionales roles sexistas) en estos trabajos de limpieza y cuidados.
Sin embargo, muchas personas desconfiamos en su momento de esa campaña. Por una parte, resultaba injusto aplaudir el papel de la mujer cuidadora de la imagen, ya que puede que en realidad fuera arquitecta, bióloga, artista o periodista, y en cambio la Ley de Extranjería la abocaba a uno de los sectores más precarios, invisibles y menos reconocidos. Pero el principal problema era el mensaje de que había que aceptar la inmigración porque la necesitábamos para nuestro desarrollo económico, para disponer de mano de obra barata que cubriera los puestos de trabajo que en época de bonanza la gente autóctona no quería cubrir. Algunas nos preguntábamos entonces: ¿qué pasará con este mensaje cuando dejemos de necesitarlas? ¿Cómo convenceremos entonces a la población de que hay que seguir defendiendo la igualdad de derechos?
Efectivamente, llegó la crisis, y lo primero que hizo el Gobierno español fue anunciar un Plan de Retorno Voluntario para inmigrantes en paro y la reducción prácticamente a cero de las contrataciones en origen, dejando en la práctica como única vía de regularización la de demostrar el arraigo social, la que implica tener que vivir tres años de forma irregular, trabajando en la economía sumergida, con el consiguiente riesgo de explotación laboral.
El segundo paso fue iniciar una restrictiva reforma de la Ley de Extranjería que, en palabras del ministro Corbacho, adaptase el fenómeno migratorio a la nueva realidad económica. Es decir, desde que el Gobierno reconoció que estábamos en crisis, se dedicó a defender que la mano de obra extranjera ya no hacía falta, que las personas inmigrantes asentadas sobran, y asumió el principio xenófobo de prioridad nacional: "Los españoles primero".
Esa estrategia de utilizar la inmigración como cortina de humo para desviar la atención sobre las verdaderas causas y responsables de la crisis ha venido acompañada por una intensa campaña de desprestigio por parte de partidos políticos y medios de comunicación de derechas: criminalización de colectivos como los menores no acompañados, intentos por parte de ayuntamientos como el de Vic de no empadronar a inmigrantes sin papeles bajo la acusación de que acaparan los servicios públicos, reportajes de periódicos de gran tirada destacando el número de inmigrantes que cobran renta básica o ligando el fraude en el acceso a las ayudas con la inmigración, imágenes estigmatizantes de pisos patera...
En este tiempo, otras voces, en cambio, han esgrimido datos reales como que las personas inmigrantes aportan de media más en impuestos que lo que cobran en prestaciones, que la inmigración sigue siendo necesaria para sostener nuestro sistema de pensiones y rejuvenecer la sociedad… Estos argumentos son útiles para combatir prejuicios como los que presentan a la inmigración como una amenaza para el Estado del bienestar, pero no deben ser el centro del debate sobre la inmigración.
¿Necesitamos la inmigración o ésta sobra? ¿Hay poca o mucha? Ésa no es la discusión que interesa a SOS Racismo. La cuestión es que la inmigración es un hecho, algo inherente al ser humano, que acostumbra a moverse para mejorar su vida. Claro está, en los últimos años, las desigualdades Norte-Sur y las facilidades para viajar que propicia la globalización han hecho que sean más que en otras épocas las personas que se han asentado en nuestro país. Repito: esas personas se han asentado. Ya no son extranjeras: son vascas. Viven aquí, trabajan o estudian aquí, se enamoran y forman una familia, disfrutan, sufren... Vivir esos movimientos con ansiedad, como "oleadas masivas" de inmigrantes que hay que controlar y frenar es una exageración que no contribuye más que a generar una alarma social del todo irracional que está minando la cohesión social.
El principal error de la política migratoria española es que sigue tratando la inmigración igual que en los años noventa: como un fenómeno puntual, extraordinario y pasajero. En estos quince años aproximadamente de leyes de extranjería, no se han desarrollado políticas públicas integrales y serias de gestión de la diversidad. Los gobiernos hablan de quienes llegan pero no de quienes se quedan. ¿Qué se ofrece a esos millones de personas que han elegido el Estado español como su lugar para desarrollarse como personas y que se sienten parte de nuestra sociedad porque lo son? Por ahora, desconfianza, restricción de sus derechos, invitaciones a que vuelvan a sus países (aunque ya se sientan tan de aquí o incluso más que de allá, que por eso ha fracasado el citado Plan de Retorno). A este paso, seguiremos el penoso ejemplo de Francia: seguir tratando como extranjeros a los hijos de hijas de quienes se asentaron en Euskadi hace décadas, alimentando así el racismo y la exclusión social.
Mientras el Gobierno vasco ficha a investigadores excelentes en el extranjero, la bióloga que migró para dar un impulso a su carrera se encuentra limpiando casas. A la que lleva velo no se le considera capaz de desarrollar su vocación porque está oprimida por el machismo islámico. Tanto el menor no acompañado que soñaba con estudiar Física en una universidad europea como el que migró para trabajar y ayudar así a su familia se encuentran aislados en un centro en el que, si tienen suerte, podrá apuntarse a algún cursillo de mecánica o carpintería y del que es probable que salgan sin papeles, sin dominar el castellano ni haber podido tejer una red social que les apoye en su emancipación.
En definitiva, ya vale de hablar de control de flujos, de quien falta o quien sobra. Hablemos de una vez de los recursos que tenemos, del "capital social y humano" (como está de moda llamarlo): las personas que viven en este país, al que quieren aportar conocimientos y riqueza, y se encuentran en cambio confinadas sin fecha de caducidad a la etiqueta opresora de "los otros".
El reto es gestionar la diversidad desde la óptica de la igualdad de derechos. Eso también será beneficioso en términos económicos, porque las personas a las que ahora no se reconoce como ciudadanas tienen mucho que aportar también a ese nivel, y porque la economía sumergida y la exclusión social nos lastran.
Pero esa no puede ser nuestra principal preocupación. Porque no queremos vivir en un país que prima el desarrollo económico sobre el desarrollo humano. Queremos vivir en unas ciudades sin fronteras (como reza la campaña estatal que apoyamos), en las que las personas sean libres e iguales en derechos y oportunidades, puedan desarrollarse y aportar sus saberes; ciudades en las que la diversidad sea fuente de riqueza y no de conflicto. Aparquemos el miedo y lo prejuicios, y preocupémonos por cómo hacer de esta sociedad un entorno respirable y justo, en el que se respete y reconozca a todas y cada una de las personas que viven en ella.
ABUSOS SEXUALES A INMIGRANTES
Víctimas del oro rojo
Temporeras extranjeras denuncian abusos de sus patronos en la recogida de fresa en Huelva - La explotación sexual en el campo es un secreto a voces, pero nunca hasta ahora han prosperado acusaciones contra los responsables de una actividad competitiva en Europa
JERÓNIMO ANDREU Y LIDIA JIMÉNEZ 13/06/2010 EL PAIS
“Tienes que ser buena”
Los patronos se deslizaban por la noche en los barracones de las trabajadoras marroquíes. Las casas, prefabricados llenos de literas, quedan en medio del campo, perdidas entre los invernaderos de fresas, a kilómetros del pueblo más cercano.
Levantaban las sábanas y contemplaban el cuerpo de las mujeres desnudas sobre la cama. Luego pasaban al baño. Si alguna se estaba duchando, la obligaban a continuar delante de ellos. Y después:
-O te dejas, o te quedas sin trabajo. Dos denuncias de abusos sexuales contra cinco patronos españoles presentadas por ocho mujeres marroquíes de entre 18 y 30 años siguen su curso en juzgados de Huelva. Hasta ahora, las trabajadoras de la fresa (mayoritariamente marroquíes, rumanas y polacas) que cada año recogen 250.000 toneladas de frutos nunca habían levantado la voz contra empresarios y encargados. Contra otros extranjeros responsables de agresiones y violaciones, sí -en los andenes de las carreteras, en los campos de noche, a las puertas de las discotecas-, pero las acusaciones no tocaban a los jefes y, en los contados casos en que lo hacían, no llegaban a juicio. Todo a pesar de que hace 20 años que en Huelva se habla de visitas nocturnas a la caseta de las mujeres.
-O eres buena conmigo, o no vuelves el año que viene.
Eso es lo que presuntamente los acusados, de Palos de la Frontera y Moguer, susurraban al oído de sus víctimas. Mujeres que soportaban el acoso a cambio de no ser despedidas. El fiscal de extranjería de la Audiencia Provincial de Huelva, Miguel Ángel Arias, ha reconocido la existencia de ambos procesos.
El primero nace de la denuncia que cuatro chicas interpusieron en abril de 2009 contra el propietario de la finca en la que trabajaban, su hijo y un encargado, todos entre 30 y 55 años. Les acusan de coacción, amenazas y acoso sexual continuado. Las humillaciones se trasladaban al campo. Si no se portaban como ellos querían, les prohibían ir al baño y beber agua a 40 grados bajo el sol. "Hazme caso o te cuento menos cajas", recuerda una de las mujeres que le decía riendo el encargado. El regreso de la trabajadora al año siguiente depende siempre de los kilos recogidos.
Las víctimas permanecieron calladas durante tres meses. Fue un testigo, un trabajador rumano, quien se personó ante la Guardia Civil de Moguer. Los agentes se encontraron en la finca con un amplio relato de horrores. El juzgado de la localidad entendió que existían suficientes indicios y envió el caso a la Audiencia Provincial de Huelva, en donde se espera el juicio para el otoño.
El segundo proceso está en fase de investigación. A finales de la campaña pasada, en junio, otras cuatro marroquíes de una finca de Palos de la Frontera denunciaron acoso sexual directo bajo amenaza. Los argumentos de los agresores eran los mismos: tenían que ser "buenas". Presuntamente se consumaron actos sexuales en numerosas ocasiones. A este cuadro habrá que añadirle un delito de prostitución coactiva si llega a probarse que el jefe recibió dinero de amigos a cambio de franquearles el acceso a las chicas.
Que tras una denuncia contra los patronos se llegue a juicio es tan infrecuente que la Guardia Civil decidió grabar todos los testimonios para que no se frene el proceso si las mujeres desaparecen. Fuentes judiciales apuntan la extrema complejidad del asunto: "En muchos casos hablamos de consentimiento viciado. Los empresarios no tienen ni que forzarlas. La situación de desprotección absoluta predispone todo. No hay uso de fuerza, no les ponen un cuchillo al cuello".
El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva (Freshuelva), Alberto Garrocho, no ha oído hablar de las denuncias, y recuerda que estos casos son delicados porque pueden esconder venganzas o chantajes. Pero para eso haría falta denunciar, y eso no es lo más común: "Yo sólo recuerdo un caso en el que se hayan visto envueltos mis asociados. Además, se desechó enseguida su culpabilidad", cuenta.
Resulta difícil encontrar en Huelva a alguien que acepte hablar mal de la fresa a cara descubierta. El fruto se conoce como el "oro rojo" y factura anualmente 320 millones de euros. Guardia Civil, jueces, políticos, empresarios, periodistas... Todo el mundo ha oído algo sobre abusos, pero no es un tema de conversación agradable: la fresa es el sustento de media provincia. Hace dos semanas, una campaña institucional intentaba relanzar su proyección internacional después de que una serie de documentales en Francia y Alemania hayan atacado las condiciones de trabajo y el desgaste medioambiental que supone el cultivo. Probablemente la indignación europea no sea completamente altruista: la presión de Huelva, que exporta el 80% de su producción, está siendo atroz para los freseros de Europa central, que han encontrado en la buena voluntad de ecologistas y activistas un asidero para relanzar su producto contra la "perversa" agricultura española.
La cosecha de este año, a punto de finalizar, ha empleado a unas 65.000 personas, bastantes menos que otros años debido a la crisis económica y a las pérdidas provocadas por el temporal del invierno. El cupo mayor lo componen 50.000 trabajadoras locales, es decir, extranjeras con residencia en España, europeas (rumanas y polacas) y un mínimo de españolas. La situación más dura corresponde a las marroquíes contratadas en origen, que deben abandonar sus países durante cinco meses. Este año han sido unas 4.500, un contingente muy inferior a los 35.000 extranjeros que acudieron a Huelva en 2005, cuando los nacionales cambiaron el campo por El Dorado del ladrillo. Los empresarios prefieren mujeres por una retahíla infinita de argumentos (mansedumbre, resistencia al dolor después de horas agachadas...), pero sobre todo porque conservan lazos familiares que les invitan a regresar a sus países. Tener niños suma puntos a la hora de lograr un contrato.
Pese a las suspicacias que pueda suscitar la cruzada europea, la realidad de la fresa es indiscutiblemente dura. Desde que el reportaje La rançon de la fraise (El precio a pagar por la fresa) de France5 señaló los invernaderos onubenses, Europa los observa con lupa. Una delegación de eurodiputados los visitó hace casi un mes para elaborar un informe. "No me quedan ganas de comer fresas", anunció la eurodiputada de los Verdes Hélène Flautre al fin de la inspección. La francesa calificó la situación de "trágica". Protestó por la ausencia de agua potable, el hacinamiento y la "complicada" situación de las mujeres, "muy vulnerables y absolutamente dependientes de su empleador". Lejos de los gritos de indignación de Bruselas, en su despacho un abogado de oficio de Moguer pasa silenciosamente las páginas de una agenda: dos o tres casos de violencia de género por semana, alguna rueda de reconocimiento por violación... Un paseo por varios bufetes del pueblo deja un muestrario de historias terribles. "Tres marroquíes a una polaca", rememora un letrado: "Lo más frío que he visto. Uno de los acusados afirmó que ella le pidió que lo hiciera. Claro: dos ya la habían violado y ella quería terminar".
Todos los abogados coinciden en que les llegan muy pocos abusos por parte de patronos. Aun así, son capaces de enumerar varios. Por ejemplo, el de una chica que presentó una denuncia jurídicamente redonda después de que su jefe la subiera a un coche y la violase. Recordaba el modelo del vehículo, la matrícula, habían quedado huellas de los zapatos de él en el barro... Pero a última hora la mujer retiró la denuncia y desapareció. "Le pagó", dice el abogado. Hay más historias: "Cuatro polacas; una de ellas denunció porque un pariente suyo conocido en el pueblo tomó la iniciativa. Un chico de la finca iba allí con otros tres amigos y se aprovechaban de ellas".
El riesgo total en el que viven las braceras queda confirmado por una visita al cuartel de la Guardia Civil de Mazagón. Un agente relata llamadas de mujeres acorraladas en sus barracones por borrachos que intentan entrar.
Mujeres acosadas. Para verlo basta con pasear por la tarde por la carretera de Moguer a Palos. En los lindes no hay pinos ni vegetación, sólo el plástico de los invernaderos, un océano y, más allá, el skyline humeante del polo químico. Por el arcén camina una procesión de trabajadoras tras hacer la compra en el pueblo más cercano. Algunas, cubiertas con pañuelos; otras, las europeas del Este, a menudo escotadas y con grandes aros. Dos hombres marroquíes se acercan a un grupo de chicas cargadas de bolsas. Les dicen algo; las mujeres se alejan con cara de asco. Unos metros más allá les esperan tres subsaharianos desocupados, habitantes de los poblados chabolistas que abundan en la zona: las devoran con los ojos.
El sexo y la dominación son componentes de la crónica privada del campo onubense. Las mujeres trabajan con camisetas anudadas por encima del ombligo. No quieren gustar a nadie, explican en voz baja; simplemente, no soportan el calor. A la hora de recoger la mercancía, camioneros y capataces se pasean entre ellas. Se detienen y lanzan algún piropo no demasiado elegante. Las muestras de hombría se aplauden. "Ser guapa no siempre es bueno", sentencia el dueño de un cibercafé de Mazagón al que las chicas acuden para llamar a casa. Allí dice que le cuentan todo tipo de violaciones, agresiones, maltratos, abusos de poder... pero, a la hora de la verdad, ninguna quiere oficializarlo.
Acosadas, abusadas y también moneda de cambio. En la finca El Morcillo se destapó en 2008 una trama de corrupción que desembocó en la imputación de cuatro técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Los funcionarios hacían la vista gorda a la hora de denunciar la destrucción de monte público para convertirlo en terreno agrícola. En la investigación aparecieron fotos de chicas abrazadas a los guardias, y en las casas forestales, preservativos.
Una de las naves en terreno ilegal estaba destinada a fiestas con las inmigrantes. La sala-discoteca se iluminada con luces tenues y tenía una barra para servir bebidas. El trasiego de coches era constante, tanto que la policía llegó a sospechar que existiera una red de prostitución. Las chicas declararon que eran "novias" de los imputados. El juicio se celebrará en los próximos meses y el fiscal solicita 20 años de prisión por cohecho, negociaciones prohibidas y omisión del deber de denunciar delitos. "Esos cargos están muy claros, pero en lo sexual no se puede demostrar nada más allá de que existía un trato de favor hacia las chicas que los guardias identificaron como sus novias", apunta una fuente de la investigación. Entre los beneficios, las mujeres trabajaban menos horas y contaban con habitaciones individuales.
El de El Morcillo puede parecer un caso en el que se difumina la relación explotador-explotado. Las braceras proceden en muchos casos de realidades sociales duras. En España recolectan fresas durante seis horas y media diarias y, en ocasiones, después trabajan por la noche en los almacenes. La recompensa por jornada es de unos 36 euros, como marca el convenio del campo más bajo de Andalucía (junto al de Almería, reina de la fórmula "invernaderos e inmigrantes"). Caer en los juegos de seducción de los patronos puede resultar rentable, repiten muchas de las fuentes consultadas.
Pero no hay que perder de vista que hay ocasiones en las que no queda opción: aceptar los envites del patrón puede ser la única alternativa, más aún cuando se han detectado casos de mujeres que pagan altas cifras en sus países para conseguir un contrato. Con deudas, hijos, etc. es difícil negarse a nada, ni resistir amenazas.
El silencio es una consecuencia lógica. Ante los abusos sexuales algunas mujeres no sólo temen perder el trabajo, también quedar señaladas, convertidas a ojos de los demás en fresas podridas. "Si se entera su familia, es un problema", explica el secretario general del Sindicato de Obreros del Campo, Diego Cañamero. "No tienen una mentalidad reivindicativa ni feminista. Temen que las culpen a ellas".
Plantarse nunca es fácil. Shadia, de 25 años, lo hizo. Como muchas marroquíes, llegó a Huelva dejando en su país a un niño de pocos meses y empezó a trabajar en las fincas. Pero ante la presión de su jefe -un empresario español- para que mantuviera relaciones con él, se despidió a las seis semanas. "Le gustaban las chicas que venían de Marruecos", cuenta. "Cuando una no quería estar con él, la mandaba de vuelta a casa. Muchas decían que sí, pero yo no quería eso, así que me fui a Almería. Desde entonces he tenido muchos problemas por los papeles, pero lo prefiero".
Suscribirse a:
Entradas (Atom)