Santiago Alba Rico⎮cuartopoder⎮10/4/2014
Para abordar el debate sobre Catalunya celebrado el martes
pasado en el Parlamento español me gustaría recordar por extenso las palabras
de un diputado:
“Una
de las maneras de agraviar a Cataluña es precisamente entenderla mal; es precisamente
no querer entenderla. Lo digo porque para muchos este problema es una mera
simulación; para otros este problema catalán no es más que un pleito de
codicia: la una y la otra son actitudes perfectamente injustas y perfectamente
torpes. Cataluña es muchas cosas, mucho más profundamente que un pueblo
mercantil; Cataluña es un pueblo profundamente sentimental; el problema de
Cataluña no es un problema de importación y exportación; es un problema
dificilísimo de sentimientos. Pero también es torpe la actitud de querer
resolver el problema de Cataluña reputándolo de artificial. Yo no conozco
manera más candorosa, y aun más estúpida, de ocultar la cabeza bajo el ala que
la de sostener, como hay quienes sostienen, que ni Cataluña tiene lengua
propia, ni tiene costumbres propias, ni tiene historia propia, ni tiene nada.
Si esto fuera así, naturalmente, no habría problema de Cataluña y no tendríamos
que molestarnos ni en estudiarlo ni en resolverlo; pero no es eso lo que
ocurre, señores, y todos lo sabemos muy bien. Cataluña existe con toda su
individualidad (…) y si queremos conocer cómo es España, y si queremos dar una
estructura a España, tenemos que arrancar de lo que España en realidad ofrece;
y precisamente el negarlo, además de la torpeza que antes os decía, envuelve la
de plantear el problema en el terreno más desfavorable para quienes pretenden
defender la unidad de España, porque si nos obstinamos en negar que Cataluña
tiene características propias, es porque tácitamente reconocemos que en esas
características se justifica la nacionalidad, y entonces tenemos el pleito
perdido si se demuestra, como es evidentemente demostrable, que muchos pueblos
de España tienen esas características”.
Quien así hablaba era, en efecto, un
diputado del Parlamento español, pero no el pasado martes 8 de abril de 2014
sino el… 30 de noviembre de 1934 (¡hace 80 años!) en la primera de las sesiones
dedicadas ese año al estatuto de Catalunya. El diputado se llamaba José
Antonio Primo de Rivera, hijo de general golpista, fundador de la Falange,
pistolero y mártir del fascismo español. ¿En qué se diferenciaba de Rajoy,
de Rubalcaba o de Rosa Díez? En que era más
inteligente, se expresaba mejor y tenía mucho más coraje.
José
Antonio lo veía así. Catalunya tiene su propia historia y su propia
idiosincrasia nacional. Los que lo niegan están reconociendo “tácitamente” su
derecho histórico y moral a la independencia; temen que el reconocimiento legal
de su “diferencia” lleve inevitablemente a su “separación”, lo que significa
que en realidad la dan ya por perdida y apuestan por mantenerla a la fuerza
mediante la “negación” y la “represión”. José Antonio hace exactamente lo mismo
que Rajoy, Rubalcaba y Rosa Díez, pero de manera mucho más brillante. No sólo
reconoce sino que exalta la “diferencia catalana” y la “riqueza” que ella
supone. Ahora bien, como Rajoy, Rubalcaba y Rosa Díez, el fundador de la
Falange considera que esa “diferencia” sólo existe, sólo puede existir, en un
proyecto común “español”: no hay ningún problema en conceder “autonomía” y
“libertades para la auto-organización” a las “regiones” donde esté más
arraigada la conciencia de este proyecto común; y de hecho -dice José Antonio-
habría que conceder más “autonomía” a las “regiones más españolas” y menos a
las que podrían utilizar esa “autonomía” para “deshispanizarse”. ¿Cuál es este
proyecto común? José Antonio tiene la decencia de llamarlo por su nombre:
“unidad de destino en lo universal”, “una gran empresa”, un “rumbo histórico”,
“una vocación imperial de unir lenguas, razas, pueblos y costumbres”. España.
Si a los catalanes, dice, les proponemos algo así se sumarán enfervorizadamente
y, si se suman enfervorizadamente, podrán regir sus “asuntos internos” sin
negaciones ni molestias, desde la “españolidad” matizada, coloreada,
específica, que llamamos Catalunya. Contra los que no acepten lo natural, lo
bueno, lo bonito, lo razonable, lo “universal”, será natural, buena, bonita,
razonable y universal -ocurrió dos años después con los resultados conocidos-
la intervención del ejército “español”.
Lo
malo es cuando a esta “vocación imperial” -que el fascismo reivindica
orgullosamente- la llamamos con pudor mercantil “marca” o, aún peor, con
impudor liberal, “democracia”. Creo sinceramente que Rosa Díez tiene razón
cuando dice que “en democracia las cuestiones esenciales no se discuten”. No se
discute el derecho a la tortura ni el derecho a la esclavitud ni la igualdad
ante la ley ni la condición ciudadana de los homosexuales o las mujeres; no se
debería discutir tampoco el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Que
estos principios en democracia no se discuten quiere decir que se han
decidido ya y que no son revisables por ninguna asamblea ni, desde el exterior
del espacio político, por ningún “ejército español”. Llamamos “constitución” a
esas decisiones “de derecho” ya tomadas que “no se deben discutir”; y no se
puede hablar de verdadera constitución si lo que se decide y se vuelve
“indiscutible” es exactamente lo contrario: la inferioridad de los negros, como
en la constitución sudafricana del Apartheid, la soberanía legislativa de Dios,
como en la iraní, o la “supremacía del déficit” y la “unidad de la patria
garantizada por el ejército”, como ocurre en la constitución española. Que
Rajoy, Rubalcaba y Rosa Díez se amparen en la ley y la constitución sólo
demuestra, en efecto, la necesidad de un nuevo proceso constituyente que revise
de entrada -sin amenazas golpistas, como en 1936 y en 1978- el límite
democrático de nuestra constitución: la inferioridad de los negros y las
mujeres. Perdón: quiero decir “la unidad de España”, esa “España a la fuerza”
que desde hace 500 años viene lastrando cualquier proyecto de convivencia entre
los pueblos y de democracia en nuestro país.
